Mañalich, Daza y Zúñiga son “los responsables de entregar información errónea” según informe de comisión investigadora

La comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados a cargo de fiscalizar los actos del Gobierno frente a la pandemia del COVID-19 realizó este lunes la votación del informe elaborado en la instancia, siendo aprobado con 7 votos a favor y cinco en contra.

De esta manera la comisión, según detalló que “resulta evidente que el gobierno cometió varios desaciertos comunicacionales, los cuales expresaban mensajes comunicacionales hacia la ciudadanía poco claros, polemizando además, públicamente con las recomendaciones de expertos”.

Dicho manejo comunicacional fue calificado por la comisión como “errático y temerario” y apunta críticas en contra del exministro Jaime Mañalich. “Constituyen actos reprochables, puesto que contribuyeron a una mayor desconfianza de la ciudadanía en las medidas adoptadas por las autoridades, y que tenían un impacto en la población, al minimizar los riesgos o señalar una menor letalidad, generando en la población conductas de mayor riesgo”, señala el escrito.

En cuanto a las muertes producidas por el virus, la comisión concluye que “el Ministerio de Salud, en especial el exministro de Salud Jaime Mañalich, la subsecretaria de Salud Paula Daza y el exsubsecretario de Redes Asistenciales Arturo Zúñiga, no fueron diligentes al adoptar las medidas adecuadas para asegurar la reportabilidad de los datos“.

Los tres mencionados, a juicio del informe presentado por la PC Marisela Santibáñez, son “los responsables de entregar información errónea a la ciudadanía, no apegada a las recomendaciones de la OMS, siendo que contaban y tenían acceso al registro de decesos por Covid-19 del DEIS, organismo que utiliza los criterios de la OMS y las normas internacionales para el registro de enfermedades”.

Informe por Espacio Riesco

En paralelo, la comisión que investigó la habilitación de residencias sanitarias y la instalación de hospitales de campaña o modulares, como Espacio Riesco, también emitió su informe, aprobado por 5 votos a favor y 3 en contra.

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En esa línea, expresan que “se cometieron irregularidades y vulneraciones de derechos laborales” y que el Ministerio de Salud “actuó en los contratos de arrendamiento y de prestación de servicios contrario a derecho, siendo improcedente la manera en que se llevó adelante la contratación, causando perjuicios al Estado”.

Ahora, ambos escritos deberán ser votados en la Sala de la Cámaras según consignó El Mostrador. Para más informaciones navega en Décima Sinfonía.