La mujer fue encontrada sin vida al interior de una casa abandonada en Calama, atada de pies y manos. Dos imputados se encuentran en prisión preventiva.
Gran impacto ha generado el crimen de la activista ambiental Javiera Rojas, quien fue hallada muerta el domingo 28 de noviembre en la ciudad de Calama, Región de Antofagasta.
Su cuerpo se encontraba en una vivienda abandonada y presentaba claros signos de asesinato. Estaba atada de manos y pies, y tenía múltiples heridas.
Pero, ¿quién era Javiera Rojas?
Javiera tenía 43 años. Era defensora de El Durazno, un pueblo que era amenazado por la construcción del Embalse La Tranca que, según el comunicado del Movimiento por el Agua y Los Territorios (MAT), “pretendía inundar hectáreas de memorias geológicas y biográficas construidas bajo la tutela del cerro Chaguareche”.
El Gobierno licitó los estudios técnicos de construcción e ingeniería del embalse a la empresa española Typsa. Sin embargo, tras la oposición de la comunidad –quienes no dejaron ingresar a la compañía-, el Ministerio de Obras Públicas puso fin al contrato con Typsa.
“Demostramos que esta obra pública no era necesaria, que favorecía a dos empresarios, y que el argumento de que el embalse era una obra para enfrentar la sequía y los efectos del cambio climático, eran una falacia, solo se buscaba ampliar la superficie de monocultivo para la agroexportación”, dijo Javiera Rojas como presidenta de la Agrupación Ecológica Valle de El Durazno, al Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) en 2018.
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Además, la activista estuvo involucrada en la defensa de Combarbalá, por la instalación de la termoeléctrica Prime Energía, una filial de la operadora de inversiones EnfraGen Capital, con sede en Nueva York. A su vez, es una empresa conjunta entre la estadounidense Glenfarne Group LLC y la firma suiza Partners Group Holding AG.
Este jueves 02-12-2021 el Juzgado de Garantía de Calama presidió la audiencia de formalización contra los dos presuntos autores del crimen de Javiera. El imputado de iniciales J.P.B.D. fue formalizado por el delito de femicidio consumado, mientras que el segundo, de iniciales M.L.S., por el delito consumado de homicidio calificado.
El tribunal decidió decretar la medida cautelar de prisión preventiva, y se decretó un plazo de investigación de 200 días.
Por| Catalina Álvarez| Foto C.P.
